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Si bien el boom de las criptomonedas fue en diciembre de 2017, el auge todavía se mantiene. A partir del crecimiento exponencial, la mayoría de los gobiernos de América Latina empezaron a trabajar en ellas para añadirlas a sus sistemas tributarios.
Ante el desconocimiento, el debate comenzó desde lo más básico: ¿qué es una criptomoneda? ¿Realmente es una moneda, un activo? A partir de estas conversaciones, los países se esfuerzan para su mejor implemento.
Bitcoin.com.mx hace un recorrido sobre el presente en algunos de los territorios de la región analizando el ambiente respecto a las criptomonedas en Latinoamérica.
A través de la Ley Fintech, expedida en 2018, el país marcó una regulación para las instituciones tecnológicas en el que se establece la creación de un comité interinstitucional para atender los temas relacionados con la tecnología financiera.
El comité tendrá la responsabilidad de intervenir en la toma de decisiones, hacer autorizaciones, imposiciones en todo lo relacionado con las ITS (Instituciones de Tecnología Financiera). Estará integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de Mexico (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La ley propone considerar el uso de activos virtuales con previa autorización del Banco de México. Dentro de la ley se define activo virtual como:
"La representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos", señala el artículo 30.
Los objetivos de la creación de la ley son: evitar el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. México es uno de los países a la vanguardia, reconoce la existencia de las criptomonedas y se tomará en cuenta el valor que el público establezca para ellas como moneda de cambio.
A partir de la crisis que vive el país, el gobierno local decidió apostar en las criptomonedas como una salida. Hoy la relación con ellas es valiosa pero tuvo sus tropiezos durante la implementación de su token “petro”.
En marzo de 2018, el gobierno venezolano lanzó a la venta pública su token petro para apoyar la economía del país. El proceso de venta directa duró quince días y se podía adquirir solo con yuanes, rublos, liras turcas y euros. El token también podía comprarse con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
El petro está respaldado por las reservas de varios recursos naturales como petróleo, oro, diamantes y gas. El gobierno reconoció al petro como un criptoactivo para el intercambio de bienes y servicios, inversión y comercialización nacional e internacional y su funcionamiento real empezó en octubre del mismo año.
Tres meses después del anuncio de la venta pública del petro, Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, anunció que se iniciará un seguimiento de las cuentas bancarias a través de las cuales se estén negociando criptomonedas a precios especulativos para tomar las acciones legales necesarias contra estos sitios. El gobierno consideró que la venta de criptomonedas a precios especulativos atentaban contra el token nacional.
En tanto, Venezuela evalúa incorporar mecanismos a escala internacional para las transacciones de la criptomoneda petro en los próximos meses, anunció el titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Joselito Ramírez, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
"Durante todo este año hemos avanzado de forma acelerada con la finalidad de consolidar el proyecto y brindarle una herramienta útil al país y al mundo", recalcó el superintendente.
A la vez que agregó:
"En este último mes estamos incorporando los servicios por parte del Estado, por lo menos para que algunas instituciones acepten el petro como forma de pago, como, por ejemplo, de pasaportes y algunos bienes que sean de uso exclusivo para la población".
El país sureño, más allá de que todavía no tiene reconocimiento legal, está avanzado en la materia. Cuenta con cajeros comerciales en Buenos Aires, mucho movimiento de bitcoins y la comunidad de los adeptos a la criptomoneda crece de manera acelerada, lo que obligó al gobierno a trabajar en crear una ley. Desde el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están observando el tema.
"Estamos intentando ayudar al ecosistema cripto, que en Argentina es muy fuerte. Tratamos de dar un esquema de regulación que convenga a las compañías que están en el mundo cripto. Algo que no está regulado no puede tener un valor económico y financiero en los mercados", dijo Alberto Echegaray Guevara, asesor del presidente de la UIF, Mariano Federici, al medio local El Cronista.
Desde la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) se esfuerzan para regular el protocolo Bitcoin como un activo financiero. En Argentina, la moneda no es considerada dinero, ya que la carta orgánica del BCRA no la incluye, sin embargo no es ilegal.
En mayo, el Servicio de Impuestos Interno (SII) anunció una serie de cambios en las definiciones tributarias aplicables para la industria de las criptomonedas, con la intención de regular aún más el funcionamiento de las empresas que ofrecen servicios para billeteras digitales e intercambio de monedas.
Con esta nueva medida, el SII establece, en su comunicado, que toda operación realizada a través de una compañía que gestiona este tipo de servicios debe especificar el hecho económico bajo el cual se emite la factura, y detallar si se trata de una compra, envio u otro servicio asociado con el uso de monedas digitales. Además, los operadores tendrán que presentar declaraciones juradas.
En tanto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, indicó en diálogo con la prensa que durante este año se enviará al Congreso un proyecto de ley para regular las operaciones con criptoactivos:
"Una regulación a estas plataformas mitigaría algunos de estos riesgos, como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y aumentaría la certeza jurídica con que ellas operan. Queremos resguardar de manera adecuada los riesgos asociados a esta actividad".
Pese a que la población muestra cada vez mayor interés en las criptodivisas, la Comisión de Valores Mobiliarios (CMVM) prohibió, en enero de 2018, que los fondos de inversiones realicen operaciones con bitcoin u otras criptomonedas. A su vez, el Banco Central de Brasil, más allá del cambio de presidente (Roberto Campos Neto reemplazó a Ilan Goldfajn), por el momento no ha hecho modificaciones frente a estas monedas.
"El bitcoin es un activo riesgoso con una tecnología innovadora", había dicho Goldfajn en un evento de la Federación Brasileña de Bancos. Al parecer, Campos Neto sí sería más cercano al blockchain y las criptomonedas, aunque aún no trabajó en el tema.
“He estudiado y dedicado intensamente al diseño de cómo será el sistema financiero del futuro. Es una de las contribuciones que quiero traer”, indicó en Investing previo a asumir en el cargo.
En la página del Banco Central, está clara la postura:
"Las llamadas monedas virtuales o monedas criptográficas son representaciones digitales de valor que no son emitidas por el Banco Central u otra autoridad monetaria. Su valor se deriva de la confianza depositada en sus reglas de funcionamiento y en la cadena de participantes. El Banco Central no autoriza a las empresas a negociar con este tipo de monedas".
El país presidido por Evo Morales prohibió el uso del bitcoin el 6 de mayo de 2014. Con ello se convirtió en la primera nación de toda Latinoamérica en desterrar las criptomonedas y se sumó a la lista de países del mundo que han hecho lo mismo como Tailandia, Vietnam e Islandia. Desde entonces, hacer transacciones con criptomonedas o cualquier operación referida a ellas es ilegal en Bolivia.
Ecuador, en tanto, también se mostró restrictivo con la criptomoneda. El Banco Central del Ecuador (BCE), en su web, comunicó que “el bitcoin no es un medio de pago autorizado para su uso en el país, ya que no tiene respaldo”. Lenín Moreno, desde su asunción como presidente en 2017, no ha vuelto a hablar del tema.
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, Jay Clayton, señaló en Cointelegraph que el regulador necesita sentirse cómodo con la custodia de la criptomoneda y asegurarse de que no se pueda realizar ninguna manipulación en el mercado antes de aprobar un fondo cotizado en bolsa (ETF). A la vez que dijo que la SEC está trabajando para que eso sea posible, que el gobierno está abierto a colaborar. Hoy, las monedas no son consideradas ilegales.
"Tenemos reglas sofisticadas y vigilancia para asegurarnos de que las personas no manipulen el mercado de valores. Los mercados de criptomonedas en general no tienen eso. Estamos trabajando para ver si podemos llegar allí, pero no sólo voy a presionar un interruptor y decir que esto es como las acciones y los bonos, porque no lo es", manifestó ante el mismo medio.
En estados como Ohio o Nueva York las leyes son más flexibles y el bitcoin se utiliza como el dólar. Son aceptados para el pago de distintos productos, más allá de que su curso no está extendido.
A la hora que los criptoactivos crecen y se establecen como competencia de las monedas tradicionales, los países se incorporan a la materia. En sus agendas es un punto infaltable. Con México a la cabeza, con una ley ya desarrollada, la mayoría de los países de América Latina caminan en el mismo rumbo creando incluso sus propios criptoactivos.
