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Debido a su condición de ser descentralizadas, además de tener una alta volatilidad, entre otras características, es que los activos digitales han estado en la mira de los reguladores de varias partes del mundo, analizando cada día los pros y contras de agregarlos a sus economías, permitir su comercio en sus territorios,o en su defecto, prohibirlas.
Ejemplos hay muchos, sin embargo, uno de los más recientes en este tema es España, nación peninsular en la cual, el Ministerio de Hacienda comenzó a dar inicio a la reforma de la “ley contra el fraude fiscal”, sobre todo en la sección en la que se hace referencia a la declaración de bienes en el extranjero en los Mfodelos 720 y 721.
Este apartado es relevante, debido a que el país dirigido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón impulsó en julio del año pasado, la declaración de bienes a quienes poseían activos digitales tales como Bitcoin en el extranjero. Esta regulación marcaba marcaban fuertes sanciones de hasta el 150% de los activos mantenidos en el extranjero, si sus poseedores datos falsos, incompletos o incluso inexactos.
Sin embargo, en enero pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que dichas sanciones eran ilícitas y por lo tanto, contrarias a derecho, lo que forzó al parlamento ibérico a tener que realizar una serie de modificaciones a dicha ley.
Teniendo en cuenta el contexto previo, España aprobó recientemente un ajuste a la ley, el cual permite perfeccionar la declaración del Modelo 720, el cual básicamente obligaría a los ciudadanos españoles a declarar ante el gobierno, qué y cuántas monedas digitales poseen fuera de las fronteras españolas.
No obstante, el camino no ha sido para nada fácil, ya que la modificación cuenta con sus detractores, como María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, quien ha defendido que el Modelo 720 tiene todo el sentido, al considerar que los cripto activos deben ser tomados por el gobierno español como bienes, por lo que, al contar con dicha clasificación, tiene todo el sentido que estos sean declarados por los contribuyentes, aún si dichas monedas se encuentran en otra patria.
Al respecto, se espera que la modificación a la mencionada ley, se lleve a cabo el 31 de marzo del 2023, fecha que además es el límite impuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que entren en vigor dichas adaptaciones.
Los contribuyentes españoles han estado a la espera de que las modificaciones fueran aprobadas, debido a las leveadas las sanciones a las que podían llegar a ser acreedores en caso de no proporcionar información fidedigna.
A modo de respiro para miles de españoles, dicho ejercicio de la ley ha quedado anulado por las modificaciones, por lo que dichas sanciones que podrían llegar a un máximo de 10.000 euros por datos incompletos o inexactos, se han mitigado de manera significativa.
La “ley contra el fraude fiscal”, la cual entró en vigor en octubre de hace dos años y que, como su nombre lo indica tiene la finalidad de evitar el fraude en territorio español además del blanqueo de capitales, justamente presentó una alteración con el objetivo de incorporar una cláusula acerca de la posesión de activos digitales en el extranjero.
Dentro de esta ley se encontraba el Modelo 720 el cual estaba enfocado en la declaración de la posesión de activos digitales en el extranjero, y señalaba que todo aquel contribuyente que poseyera bienes fuera de España por un valor superior a $50 mil euros debía declararlos.
Cabe decir que dicha medida causó gran controversia en España, tanto por la cifra a declarar como por la irracionalidad de la exigencia del gobierno, de considerar la ubicación geográfica de los cripto activos.
Estos desacuerdos fueron la base para que el Tribunal de Justicia Europeo, considerada a la ley como “extremadamente represiva”.
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