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A partir del crecimiento de la actividad de los criptousuarios, el gobierno mexicano implementará, desde el 10 de septiembre, un mayor control.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todas las plataformas de exchange establecidas en el país, como Bitso, Volabit, Localbitcoins y Mexbt, deberán de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones con monedas virtuales, como Bitcoin, (tanto compra como venta) que rebasen un monto de 54, 496.05 pesos.
La cifra es equivalente a 645 UMA (Unidades de Medida y Actualización) que son $84.29, ya considerando el salario mínimo vigente con el incremento de 2019: $102.68 de forma general y la creación de la zona libre de la frontera norte que es de $176.72.
El objetivo del país presidido por Andrés Manuel López Obrador es el de evitar que las criptomonedas sirvan como financiación de actividades ilegales. Por eso mismo, intentarán “custodiar” estas transacciones de alto monto.
“Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en una entrevista con el portal La Jornada.
Este anuncio ya recibió algunas críticas, como la de la co-fundadora de Oracle Finance, Eloisa Cadenas. A través de su cuenta personal de Facebook, expresó:
“Nada más yo tengo una pregunta para la UIF: ¿Sobre cuáles activos virtuales les reporto y qué características deberán tener? Porque si mal no recuerdo, Banxico no especificó”.
Este cuestionamiento llega, ya que el Banco de México aún no reconoce activos virtuales en términos de la Ley Fintech. Las personas que tengan la posibilidad de comprar más de 645 UMA deberán obtener las autorizaciones correspondientes.
La medida ya aprobada es adicional pero camina en el mismo sentido a la que impulsa la fracción parlamentaria Morena en el Senado para incluir en la lista de Personas Políticamente Expuestas a futbolistas y artistas. Estas personas encomendadas a una función pública prominente deberán rendir cuenta de todas las transacciones que pudieran parecer sospechosas.
Las PEP, que también aparecen en la legislación de países como Chile, por ejemplo, debido a su posición e influencia, “pueden ser utilizadas indebidamente para el lavado de activos y delitos relacionados, como la corrupción y soborno”. El gobierno mexicano apuesta a una mayor vigilancia y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).
“Esto implica tener conocimiento que todos los sujetos obligados por la ley tengan conocimiento de quiénes son las Personas Expuestas Políticamente. En el caso específico de futbolistas y artistas, no ha habido ningún pronunciamiento o iniciativa al respecto y estamos todavía a la espera en todo caso de que el Congreso los incluya como actividades vulnerables. En este momento la ley no los reconoce”, manifestó Santiago Nieto.
El gobierno continúa con su lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Parte de esta lucha ahora incluye a las criptomonedas, para evitar que sean utilizadas para acciones ilegales debido al crecimiento de la demanda de estos activos.
